AuditorÍa de la contraloría - patrimonio universitario

UP: una venta sin justificación

El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene en sus archivos el avalúo de la finca vendida a Fursys y la Contraloría tampoco lo localizó en la UP. Este avalúo lo exige la Ley de Contrataciones Públicas para vender o alquilar bienes públicos.

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El terreno universitario es la entrada del proyecto Buenaventura. En una parte de él se construyen casas alrededor de una laguna. Tomadas de la web de Buenaventura El terreno universitario es la entrada del proyecto Buenaventura. En una parte de él se construyen casas alrededor de una laguna. Tomadas de la web de Buenaventura

El terreno universitario es la entrada del proyecto Buenaventura. En una parte de él se construyen casas alrededor de una laguna. Tomadas de la web de Buenaventura

El informe, entregado por la Contraloría al Ministerio Público, revela la ausencia de uno de los dos avalúos estatales que debieron efectuarse previos a la venta de la finca. El informe, entregado por la Contraloría al Ministerio Público, revela la ausencia de uno de los dos avalúos estatales que debieron efectuarse previos a la venta de la finca.

El informe, entregado por la Contraloría al Ministerio Público, revela la ausencia de uno de los dos avalúos estatales que debieron efectuarse previos a la venta de la finca.

Dentro del informe de auditoría se adjunta la carta en la que el MEF confirmó a la Contraloría que no posee el avalúo de esta finca en Río Hato. Dentro del informe de auditoría se adjunta la carta en la que el MEF confirmó a la Contraloría que no posee el avalúo de esta finca en Río Hato.

Dentro del informe de auditoría se adjunta la carta en la que el MEF confirmó a la Contraloría que no posee el avalúo de esta finca en Río Hato.

UP: una venta sin justificación UP: una venta sin justificación

UP: una venta sin justificación

UP: una venta sin justificación UP: una venta sin justificación

UP: una venta sin justificación

Sin ninguna justificación para vender y sin documentación que evidencie que se hicieron los avalúos correspondientes, Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá (UP), subastó 54.5 hectáreas de una finca de la UP en la zona playera de Río Hato, provincia de Coclé, en 2007.

Esto, a pesar de que se reconocía su potencial turístico previo a la venta, según lo evidencia el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entregado al Ministerio Público.

Sin embargo, este informe concluye que “no hubo perjuicio económico” para el Estado en esta transacción, con todo y que los auditores encontraron irregularidades en el cumplimiento de normativas gubernamentales, como, por ejemplo, que la UP no posee en sus archivos copia de los dos avalúos que tenían que haberse efectuado para vender esta propiedad en los términos que exige la ley, aunque una copia reposaba en la Contraloría.

Hoy, esas 54.5 hectáreas en Río Hato –subastadas entre dos empresas con evidentes lazos familiares y comerciales– son parte del desarrollo del proyecto playero de Buenaventura, adquiridas a los que la UP les adjudicó la tierra.

Agro Playa Blanca, S.A. –que preside el hotelero y exministro Alberto Vallarino– fue la final compradora de la finca. Vallarino, como se ha mencionado en otra entrega, intentó participar en la subasta de esta finca que organizó la UP, pero fue excluido por presentar un error en la fianza. La Prensa le preguntó en cuánto había comprado, pero evitó revelarlo.

Ocho años después de la subasta, la finca apenas empieza a desarrollarse (ver fotos del proyecto). En julio pasado, la empresa inauguró el área social de Laguna Buenaventura, una pequeña parte de las 54.5 hectáreas. Aún quedaría por inaugurar la futura Casa Club, según el master plan que publica la empresa en su página web.

La UP “no mantiene información en sus archivos, donde conste la justificación de la venta, ni quién solicitó la misma, y cuál fue el propósito de la venta de los terrenos”, detalla el informe, (ver facsímil). La Prensa le preguntó a García de Paredes al respecto, pero, como ya se dijo, no dio ninguna explicación.

La auditoría adjunta cartas de la UP en las que se revela que, producto de la venta, se abrieron dos cuentas a plazo fijo: uno por $3.1 millones y otro por $2 millones, a seis y tres meses, respectivamente. Los firmantes eran García de Paredes, el vicerrector académico y actual candidato a dirigir la máxima casa de estudios, Justo Medrano, y un funcionario de Contraloría.

“El producto de esta venta forma parte del patrimonio de la institución, por lo que no son recursos provenientes del Presupuesto General del Estado. Por ello estamos solicitando a su entidad la apertura de dos cuentas a plazo fijo ...”, señala la carta de la UP dirigida al Banco Nacional.

¿Cuál fue el destino final del dinero? La auditoría revela que la UP emitió un informe, fechado el 25 de mayo de 2015, en el que detalla los movimientos del dinero. Al menos, uno de los dos plazos fijos tenía saldo en 2011 –de $2.7 millones– y, según el Banco Nacional de Panamá–donde se abrieron los plazos fijos–, el saldo seguía siendo de $2.7 millones a 2015.

El informe de la UP dice que el mismo año de la venta se retiraron $3 millones 020 mil que, según la UP, se habría gastado en el presupuesto de inversión (equipos, $1.3 millones; construcciones nuevas $897 mil; rehabilitación de construcciones existentes, $389 mil; inversión agropecuaria, $329 mil, entre otros).

En intereses, los depósitos a plazo generaron $147 mil de 2007 a 2011. Se desconocen los intereses de 2011 a 2015, pues el informe de la UP no lo detalla. Tampoco indica por qué, después de ganar $108 mil en intereses en 2008, estos cayeron a solo $14 mil 700 en 2009; a $3 mil 400 en 2010, y a solo $970 en 2011. Tampoco explica la procedencia de un depósito de $484 mil.

La auditoría también sostiene que “existe una diferencia entre lo asignado al fondo de inversión y lo gastado, toda vez que lo gastado refleja un registro por encima de lo asignado de $689.63”.

El informe de la Contraloría adjunta un cuadro de la Dirección de Finanzas de la UP, en el que se detalla cómo se gastó el dinero de la venta de la finca de Río Hato en el período del 15 de octubre (2007) al 31 de mayo de 2009. Compró 23 autos, butacas para el paraninfo, 9 picops para la Rectoría, 1 tablero electrónico, tanque de agua para la imprenta, viáticos, se construyeron algunas mejoras en la cafetería y la primera etapa del gimnasio del centro regional universitario de Coclé, entre otros gastos.

¿Qué obtuvo la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que ocupaba estas tierras? Pues recibió microscopios, dos buses, dos picops, un molino de arroz, dos tractores, alimentos para animales, y otras cosas, pero no recibió otro terreno.

Aunque no es visible la urgente necesidad de venta, García de Paredes tenía planes para su venta desde antes de la subasta. En una carta de 2005, García de Paredes solicitó un primer avalúo a la Contraloría “para su venta”. Luego, en 2007, vino la actualización: $4.3 millones, pero en los términos de referencia de la subasta, el precio establecido fue de solo $3.5 millones.

Pero además, por lo que arroja la auditoría, la finca se habría vendido con el avalúo de la Contraloría y sin el del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues la Contraloría tampoco lo ha localizado ni en la propia UP (ver facsímil).

El Consejo Administrativo de la UP emitió en 2007 una resolución que motivó la venta de la tierra. El bien inmueble, dice, “está ubicado en un área de desarrollo turístico, por lo que la UP considera que es necesario obtener el mayor beneficio económico de la venta de dicha propiedad, mediante subasta pública”.

Según la resolución, es competencia de dicho consejo “establecer las políticas, estrategias y programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos financieros de la institución, así como salvaguardar el patrimonio universitario”.

EL INFORME

La auditoría de la Contraloría General de la República no refleja en ninguna de sus páginas un avalúo al año de la venta de la finca por parte del MEF, requisito indispensable para establecer el valor de la finca, de acuerdo con la Ley de Contrataciones Públicas.

, en su investigación, pudo corroborar que el MEF hizo avalúos en Río Hato para la venta de otros terrenos estatales. En uno de ellos –venta hecha en 2008– el MEF calculó el valor del metro cuadrado en $34 en un lote que se vendería para ser parte del proyecto Buenaventura.

Este medio preguntó al contralor Federico Humbert, si la Contraloría pudo constatar, mediante un avalúo, el precio de la finca al momento de la transacción (2007) y si la entidad había solicitado colaboración al MEF para determinar el valor de la tierra en 2007, y hacer entonces un promedio a fin de compararlo con el precio de venta efectuado por la UP, pero la Contraloría no lo indicó.

“Nosotros no podemos revelar información o los resultados de nuestra labor de fiscalización o de auditoría, pues, aparte que la ley nos lo prohíbe, cualquier acción en dicho sentido pudiera entorpecer la gestión de la Contraloría o de las autoridades competentes que manejan los resultados de dichos informes”, respondió Humbert a través de Relaciones Públicas de la institución.

Ello, a pesar de que la Contraloría ya ha concluido esta auditoría y la entregó al Ministerio Público.

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