PECULADO AGRAVADO

Vilma Urieta, la jueza que cambió la suerte del caso de la Caja de Ahorros

Vilma Urieta concedió fianzas a cinco de los imputados.

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La Caja de Ahorros no se convirtió en querellante del proceso. Archivo-LP La Caja de Ahorros no se convirtió en querellante del proceso. Archivo-LP
La Caja de Ahorros no se convirtió en querellante del proceso. Archivo-LP

Desde que la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, asumió -en abril de 2017- la causa relacionada con el presunto peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA), el proceso adquirió un nuevo giro.

Urieta concedió fianzas a cinco de los imputados, una medida que había sido negada por la jueza decimotercera penal, Alina Hubiedo, a esos mismos procesados.

Urieta se hizo cargo de la causa porque Hubiedo -quien llevaba el caso desde que el Ministerio Público inició la instrucción en octubre de 2015- fue recusada por el abogado Luis Eduardo Camacho González.

El pasado 20 de agosto, Urieta dictó un sobreseimiento definitivo para 22 imputados. Alega que no hubo delito. La fiscal especial anticorrupción, Tania Sterling, reiteró ayer que apelará el fallo.

Caso de la CA: recusación, nueva jueza y absolución

Faltando dos días para que se celebrara la audiencia preliminar -27 de marzo de 2017- por el préstamo de la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC- Contratas-P&V, ocurrió un hecho que cambió el curso del proceso y que finalizó con un sobreseimiento definitivo a 22 imputados.

Pero para entender los hechos, hay que remontarse al 30 de noviembre de 2016. Ese día, la fiscal anticorrupción Tania Sterling emitió la vista fiscal 275, en la que pidió llamamiento a juicio para 16 imputados y sobreseimiento para 6, relacionados con el préstamo de $9 millones que otorgó en diciembre de 2012 la CA al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción de un centro de convenciones en Amador.

Ante ese pedido, la jueza decimotercera penal, Alina Hubiedo -quien había asumido esta causa desde que se originó en octubre de 2015-, programó la audiencia preliminar entre el 27 y 29 de marzo de 2017.

Pero dos días antes -el 25 de marzo, para ser específicos- se dio a conocer un fallo de la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, en el que admitía una recusación contra su colega Hubiedo, con lo que esta quedó inhabilitada para seguir conociendo la causa.

Fue el abogado Luis Eduardo Camacho González el que recusó a Hubiedo, con el argumento de que él interpuso una denuncia administrativa y penal contra ella por la supuesta pérdida de documentos relacionados a otro expediente.

Camacho González era defensor del imputado Mauricio Ortiz Quezada, quien se mantuvo prófugo durante el proceso. Luego de presentar la recusación, extrañamente, el abogado abandonó la defensa.

Cambia panorama

Desde que la jueza Urieta asumió el conocimiento del proceso, la suerte cambió para varios de los imputados. Entre los meses siguientes, abril y mayo de 2017, la jueza dictó, al menos, cinco fianzas, tres de ellas a favor de Manuel Morales Diez, Jairzon Hurtado y Tobías Garrido, directivos de HPC-Contratas-P&V.

Además, favoreció al expresidente de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini, y al exgerente de ese banco Jayson Pastor. Estos dos últimos estaban detenidos desde octubre de 2016.

Coincidentalmente, cuando Hubiedo llevaba la causa, les negó fianzas a todos estos imputados por considerar la gravedad del delito investigado.

Finalmente, y luego de tres suspensiones, se celebró la audiencia preliminar entre el 22 y 26 de julio de 2018. En esos días concurrió a la sala de audiencias Marta Gómez, la asistente y persona de confianza del magistrado José Ayú Prado.

El 20 de agosto pasado, en un fallo de 52 páginas, la jueza Urieta dictó un sobreseimiento definitivo para los 22 imputados.

Polémico fallo

La jueza Urieta argumentó que la fiscalía “no acreditó el hecho punible en base al modo, tiempo y lugar en que se dieron”.

Indicó que tampoco “existió delito por comisión ni por omisión, toda vez que el préstamo por el cual se dilucida esta investigación es considerado un acto de comercio”.

De acuerdo con Urieta “no medió dolo, ya que la fiscalía no demostró la intención que tenía cada uno de los intervinientes para ocasionar al Estado la lesión o perjuicio”. Destacó que los imputados se apegaron a los manuales y buenas prácticas bancarias.

Urieta argumentó que no existía una auditoría de la Contraloría que indicara una lesión patrimonial y avaló una auditoría interna preliminar efectuada por funcionarios de la CA, en la que se señaló que hubo una calificación satisfactoria en cuanto al cumplimiento del préstamo.

En el fallo, Urieta no hizo referencia al desvío del dinero producto del préstamo, que se utilizó para otros fines ajenos al proyecto: $7 millones fueron a parar a la sociedad Summer Venture Inc. para el supuesto pago del arquitecto; $850 mil a Ilkeston Associates, Inc. para la compra de equipo, y $977 mil a Langton International Holding, para la adquisición de acero. Pero este dinero no fue utilizado para estos fines, debido a que el consorcio no concluyó la obra.

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