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Otro caso judicial fue archivado por un juzgado

Fiscalía Anticorrupción se opone al archivo definitivo del expediente, ya que pueden surgir nuevas pruebas.

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La obra, de $517 millones, fue adjudicada al Consorcio Construcciones Hospitalarias. La obra, de $517 millones, fue adjudicada al Consorcio Construcciones Hospitalarias.
La obra, de $517 millones, fue adjudicada al Consorcio Construcciones Hospitalarias. Gabriel Rodríguez

Otro caso judicial en el que se investigaba la supuesta comisión de peculado fue desestimado.

El Juzgado Octavo Penal, a cargo de Leira Terán Turcios, sobreseyó al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens; al exministro de salud, Javier Díaz, y a otros cinco exfuncionarios investigados por el proyecto de la Ciudad de la Salud, alegando que una auditoría de la Contraloría reveló que los montos pagados al contratista se ajustan “a lo verificado en campo”.

La decisión surge un mes después de que el Segundo Tribunal Superior reabriera el caso, inicialmente archivado por la misma jueza, argumentando que para dictar sobreseimiento tenía que llamar a una audiencia.

El fiscal anticorrupción Adecio Mojica sustentó que la Corte ha dicho que no es necesario un informe de auditoría donde se diga que hubo mala administración para demostrar que hubo delito.

Además de Sáez-Llorens y Díaz, los otros beneficiados con la decisión de la jueza son los exfuncionarios de la CSS Lizka Richard, Linnet Monterrey, Marina Sucre, Alberto Maggiori Toledano y  Nelson Dueñas.

Mojica aseguró que analizará qué recursos interpondrá. Sáez-Llorens, en tanto, dijo que es la segunda vez que la justicia falla a favor de los investigados.

“Espero que la fiscalía no apele, porque es la segunda vez que la jueza nos da un sobreseimiento definitivo”.

Guillermo Sáez-Llorens Exdirector de la Caja de Seguro Social.

Por segunda vez archivan caso de Ciudad Hospitalaria

Por segunda ocasión la jueza octava penal, Leira Terán Turcios, declaró un sobreseimiento definitivo en el proceso seguido a siete personas por presuntas irregularidades en el proyecto de la Ciudad Hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud.

Entre los beneficiados con esta decisión se encuentra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens. También fueron favorecidos el exministro de Salud Javier Díaz, así como los exfuncionarios de la CSS Lizka Richard, Linnet Monterrey, Marina Sucre, Alberto Maggiori Toledano y Nelson Dueñas.

El acto se celebró ayer, en el salón de audiencia del juzgado. Allí, el fiscal anticorrupción Adecio Mojica pidió un sobreseimiento provisional, el cual permite que si surgen nuevos elementos probatorios, se retomen las pesquisas.

Pero en su veredicto la jueza mantuvo su postura: “ante la falta de un informe de auditoría que establezca lesión patrimonial, no se ha cometido ningún delito de mala administración de los caudales públicos o malversación en contra de la correcta administración pública”.

El fiscal Mojica tiene un criterio adverso al de la jueza Terán Turcios. “La Corte ha manifestado anteriormente que no es necesario un informe de auditoría para hablar de una mala administración y, de hecho, ya el Segundo Tribunal mantiene una postura al respecto de que esto no es una prueba angular”.

Sáez-Llorens, en tanto, planteó que la decisión demuestra que en su gestión todo se hizo correctamente.

“Espero que la fiscalía no apele, porque es la segunda vez que la jueza nos da un sobreseimiento definitivo”, añadió el director de la CSS en el quinquenio 2009-2014.

 En un fallo del 6 de julio de 2018, Terán Turcios argumentó que una auditoría de la Contraloría reveló que los montos pagados al contratista se ajustan “a lo verificado en campo”, y que existía concordancia entre el trabajo realizado y los pagos.

No obstante, el pasado 19 de noviembre, el Segundo Tribunal Superior revocó la decisión del Juzgado Octavo, argumentando que incurrió en un error procesal, ya que no aplicó el artículo 559 de la Ley 63 de 2008, sobre los procesos judiciales iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Penal, en el que se establece que solo se podrá dictar un sobreseimiento definitivo sin realizar audiencia preliminar en los casos en los que no haya imputados.

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