ANÁLISIS

¿Cuándo se convoca a una Asamblea Constituyente?

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Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana, el presidente Laurentino Cortizo y Olmedo Arrocha, de la Corte Suprema. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana, el presidente Laurentino Cortizo y Olmedo Arrocha, de la Corte Suprema.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana, el presidente Laurentino Cortizo y Olmedo Arrocha, de la Corte Suprema. Ana Rentería

A la velocidad en que se desarrollan los eventos alrededor de las reformas constitucionales es posible que este comentario quede atrasado para cuando los lectores disfruten su café matinal. Sin embargo, es importante que se entiendan las fórmulas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente Paralela, que es la que permite la Constitución Política.

El presidente Laurentino Cortizo declaró durante su campaña electoral que si el referéndum de las reformas constitucionales fracasaba, él convocaría a una Asamblea Constituyente Paralela.

Esa facultad la establece el artículo 314 de la Constitución, con la salvaguarda de que esta iniciativa debe ser ratificada por la mayoría absoluta de los diputados.

Cortizo tiene la oportunidad de darle oxígeno a su gobierno, recuperando el liderazgo del proceso de reformas. Perfectamente, puede esperar a que la Asamblea concluya la redacción de las reformas en abril del próximo año para evaluar sus opciones o puede hacer dicha reflexión en medio del fragor de la batalla política que se viene desarrollando en el palacio Justo Arosemena.

¿Qué pasa si los diputados no le quieren ratificar la decisión del Órgano Ejecutivo de convocar a una constituyente? El presidente Cortizo podría medir fuerzas con los diputados y solicitar los libros de firmas para buscar las rúbricas de unos 500 mil ciudadanos, a fin de convocar a la Asamblea Constituyente. Esto también lo podría hacer cualquier ciudadano interesado, según lo autoriza la Carta Magna.

De acuerdo con el artículo 314, la constituyente estaría conformada por 60 ciudadanos electos, por representación proporcional a nivel nacional.

El Tribunal Electoral tendría que reglamentar cómo serían elegidos los constituyentes: por circuito, provincia o nacionalmente.

Así mismo, la Constitución permite las candidaturas partidistas y de libre postulación para estos cargos.

Los elegidos tendrían seis meses para redactar la nueva Carta Magna, que deberá ser ratificada en un referéndum popular.

Por cierto, la Constituyente tiene que respetar el término de los funcionarios electos o designados. Así que no podría cerrar a la actual Asamblea Nacional ni destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ni la Constitución ni el Código Electoral excluyen a los actuales diputados para que puedan ser candidatos a la Asamblea Constituyente.

Esas son las reglas de esta democracia.

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