ANÁLISIS

La imprescriptibilidad, su historia y sus paradojas

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Representantes de la sociedad civil organizada defendieron en el pleno legislativo la necesidad de reformar las leyes de los delitos contra la administración pública, para que no prescriban.Archivo - Representantes de la sociedad civil organizada defendieron en el pleno legislativo la necesidad de reformar las leyes de los delitos contra la administración pública, para que no prescriban.Archivo -
Representantes de la sociedad civil organizada defendieron en el pleno legislativo la necesidad de reformar las leyes de los delitos contra la administración pública, para que no prescriban.Archivo -

La prescripción de los delitos y de otros actos jurídicos ha sido un principio del derecho occidental, enfatizado en la modernidad. El concepto de que algunos delitos podían ser tan odiosos y horrendos que merecían que nunca prescribieran, fue el resultado de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Esa primera excepción se constituyó en la categoría de delitos de lesa humanidad.

En Panamá, durante gran parte del siglo XX, la cuestión de la prescripción de la acción penal no fue un problema de mayor importancia, porque por una parte nuestros códigos penales tenían sanciones sumamente leves (la pena máxima fue de 20 años hasta 1983), y la acción penal desarrollada por el Ministerio Público usualmente tenía mucha efectividad. Además, aquellos presuntos delincuentes que escapaban de la justicia panameña, podían ser juzgados en ausencia. A partir de 1994, la reforma al Código Judicial de ese año prohibió los juicios en ausencia. Los últimos dos condenados por ese sistema fueron el exdictador Manuel Antonio Noriega y el militar Evidelio Quiel.

Paralelamente con el retorno de la democracia en 1989, los fiscales panameños empezaron a investigar casos de violaciones a los derechos humanos, blanqueo de capitales, narcotráfico y delitos de cuello blanco. Todos estos temas de alta complejidad enfrentaron al sistema judicial contra los mejores abogados penalistas, poderosos e influyentes, algunos de los cuales habían sido jueces o fiscales, y conocían perfectamente el sistema por dentro. Proliferaron los recursos dilatorios, las excusas médicas, las suspensiones de audiencias y el largo rosario de barreras burocráticas que dentro del Ministerio Público y del Órgano Judicial facilitan la impunidad.

Con la Ley 35 de 2013, el gobierno de Ricardo Martinelli redujo el término de prescripción de los delitos de corrupción, a únicamente el máximo de la pena de dichos delitos. Cuando antes ese término era el doble. A pesar de que esa ley fue modificada, ese es el criterio de prescripción aplicable al caso Odebrecht, Blue Apple y tantos otros. Vale la pena recordar que la prescripción en materia electoral es de apenas tres años, y allí todos los delitos se borran con tiempo suficiente para las siguientes elecciones.

Aunque hay algunos casos de alto perfil que se han caído por la prescripción, y otros como el de Financial Pacific están a punto de prescribir, la verdadera barrera para combatir la impunidad es el término de las investigaciones que hace el Ministerio Público.

La terrible decisión judicial de la magistrada Ángela Russo, en la que decapitó el caso Finmeccanica por exceso del término de investigación, demuestra y confirma el punto. La Ley 121 de 2013 le da hasta cuatro años al Ministerio Público, o al agente de instrucción, para hacer las investigaciones en los delitos complejos. Sin embargo, hay una resistencia de parte de los jueces de declarar los casos como complejos y se niegan a conceder el tiempo adecuado para esas investigaciones. Así lo hizo la jueza suplente Lania Batista con el caso Odebrecht.

La declaración de imprescriptibilidad de los casos de corrupción de alto perfil no resolverá por sí sola la impunidad en Panamá, pero da una esperanza de que en el futuro, un Ministerio Público fortalecido y un Órgano Judicial saneado, quieran de verdad erradicar la corrupción de raíz.

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