CAUSA COMPLEJA

La maraña que enreda y tiene paralizado al caso Blue Apple

En este caso, la fiscalía ha pactado cinco acuerdos de colaboración eficaz, con los que se logró la recuperación $25 millones. El fiscal anticorrupción Aurelio Vásquez está a cargo del caso.

Proceso judicial: Los acuerdos pactados con la fiscalía

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El fiscal anticorrupción Aurelio Vásquez denunció que la pesquisa que le sigue la pista al supuesto pago de sobornos a exfuncionarios del Estado para obtener contratos, caso conocido como Blue Apple, está paralizado por decisión del Juzgado Decimoctavo Penal.

En un video divulgado por el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter, Vásquez advirtió que el caso está parado desde que ese juzgado concedió, “en efecto diferido”, una apelación que presentó Aristides De León, uno de los investigados.

El fiscal explicó que esa decisión obliga a la fiscalía a suspender todas las diligencias del proceso hasta que el Segundo Tribunal resuelva la apelación.

Según Vásquez, el juzgado debió admitir la apelación en efecto devolutivo (se continúa con el trámite de la investigación hasta que se falle lo apelado), lo que hubiese permitido seguir buscando pruebas mientras se resolvía la apelación.

El Ministerio Público (MP) citó el artículo 2426 del Código Judicial, que establece que la apelación de las resoluciones que no sean sentencias o llamamientos a juicio siempre se conceden por mandato de la ley en efecto devolutivo.

Al menos 39 personas son procesadas por este caso, entre ellos, los exministros de Obras Públicas Jaime Ford y Federico José Suárez; y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli.

El MP calcula que a través de la cuenta Blue Apple se blanquearon $78.3 millones, de los que se han recuperado $25 millones, tras la firma de cinco acuerdos de colaboración eficaz con imputados en el proceso.

Carlos Cerda, de Constructora Meco; Juan Rodríguez, de Constructora Rodsa; y Alberto Jurado, de Bagatrac, S.A., revelaron a la fiscalía que Jorge Churro Ruiz, exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, les pidió entre 5% y 10% del valor bruto de sus contratos, en concepto de “ayuda política”.

Proceso judicial: Los acuerdos pactados con la fiscalía

A mediados de abril pasado, el Ministerio Público informó que había alcanzado acuerdos con representantes de cinco empresas constructoras vinculadas al caso. Argumentó que la información proporcionada evidencia la comisión de otros delitos que están originando la apertura de nuevas investigaciones. Uno de esos acuerdos se pactó con Carlos Cerda, presidente de Meco, a quien no se le formularon cargos ni tampoco a la empresa. Además, se pactó el archivo del proceso, acción que cuestionó  duramente la sociedad civil

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