PROCESO JUDICIAL

En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica

En la apelación al sobreseimiento dictado en el caso Caja de Ahorros, el fiscal advierte que el delito se probó desde que se concedió un préstamo que no cumplía con los manuales del banco.

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Felipe Virzi (centro), abogados y vinculados al caso, en la audiencia celebrada en julio pasado. Archivo - Felipe Virzi (centro), abogados y vinculados al caso, en la audiencia celebrada en julio pasado. Archivo -
Felipe Virzi (centro), abogados y vinculados al caso, en la audiencia celebrada en julio pasado. Archivo -

“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de integridad, prestigio, confianza de los asociados en el Estado y en sus instituciones, siendo secundario el daño económico que puede o no existir”.

Esta es una de las consideraciones expuestas por el fiscal anticorrupción Adecio Mojica en el escrito de apelación al sobreseimiento definitivo que dictó el Juzgado Decimocuarto Penal a los investigados en el caso por supuestas irregularidades en el préstamo otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción del centro de Convenciones de Amador. El fallo dejó libre del cargo de peculado a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva del banco estatal, y a otras 21 personas.

La lesión

En el documento que Mojica presentó ante el Segundo Tribunal Superior el pasado 3 de septiembre, cuestiona el planteamiento de la jueza Vilma Urieta, quien arguye que sin lesión patrimonial no hay hecho punible y que se requiere de una auditoría para establecer el delito. Mojica afirma que “esta situación ha sido superada con creces”, a la luz del artículo 280, numeral tres, de la Constitución: “lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios”.

“No es cierto que se devolvió el dinero otorgado en el crédito. El banco recuperó el dinero a través de la jurisdicción coactiva”.

Adecio Mojica Fiscal anticorrupción.

Plantea que el daño ocasionado por el peculado al Estado puede ser material o moral, y que lo protegido por la ley no es el patrimonio del Estado, sino “el correcto y oportuno cumplimiento de los deberes que tiene el servidor público como administrador, de los bienes bajo su cargo”.

‘El delito se consumó’

Mojica refuta lo afirmado por la jueza Urieta, en el sentido de que el dinero se recuperó y se pagó. Explica que el delito se consumó desde el momento en que se aprobó la línea de crédito a HPC-Contratas-P&V, pese a que no se cumplió con lo que establecen los manuales del banco, y luego el préstamo se desvió a fines distintos. Recordó que la CA recuperó los fondos a través de la aplicación de la jurisdicción coactiva. “Es decir, no hubo una devolución voluntaria”.

También se refiere a lo que dijo Cristóbal Salerno en su indagatoria. Salerno controla Langton International Holding e Ikelston Associates, a las que llegó parte del préstamo a favor del consorcio. Salerno señaló que las sociedades no están relacionadas con el sector de la construcción y que ese dinero fue un abono por un préstamo que había dado por la suma de $5.2 millones para cooperar con la casa de valores Financial Pacific (FP).

También recuerda la declaración del comerciante Felipe Pipo Virzi, en la que detalla que requería $7 millones que se comprometió entregar a West Valdés, fundador de FP.

“En conclusión, el dinero se usó para solventar deudas de carácter privado con fines distintos a los lineamientos aprobados”, dice el escrito del fiscal.

Los favorecidos

El fallo del pasado 20 de agosto favoreció a Francolini; a Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena, exgerente y exsubgerente de la CA, así como Virzi y Valdés y su socio en FP, Iván Clare. Valdés está detenido preventivamente, pero por otro caso.

También se beneficiaron con la decisión el resto de la junta directiva de la CA que aprobó el préstamo -Ricardo Arango Pezet, Ricardo Chanis Correa, Fernando Correa Jolly y Anastacio Ruiz De León-; a los exfuncionarios Elyonor Samudio de Ávila, Eric Quintero Ysern, Voldy Ivor Wedemeyer Ortega y Luis Jafet Díaz Bethancourth. Completan la lista Mauricio Ortiz, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Manuel Antonio Morales, Luisa Sánchez Ovalle, Rolando López, Claudio Poma Murialdo, Tobías Garrido Nicolau y Jairzon Hurtado.

La génesis

El fiscal recuerda que en octubre de 2012, a HPC-Contratas-P&V se le adjudicó la construcción del centro de convenciones de Amador, por $193 millones.

Dos meses después, se solicitaron dos facilidades de crédito a la CA: una por $20 millones, y otra por $10 millones. El mismo día de la solicitud (10 de diciembre de 2012) se emitió la carta que sustituyó la solicitud de crédito y al día siguiente Pastor aprobó enviarla a la directiva. El 12 de diciembre de 2012 la directiva, presidida por Francolini, aprobó el préstamo.

Pero el dinero fue a dar a sociedades que luego lo usaron para otros propósitos. Por ejemplo, $7 millones fueron a parar a Summer Venture Inc., que controla Virzi, para el supuesto pago del arquitecto; $850 mil a Ilkeston Associates, Inc., para la compra de equipo, y $977 mil a Langton International Holding (ligadas a Salerno) para la adquisición de acero. Los fondos no se usaron en la obra, pues el proyecto no se concluyó.

Rosendo Miranda, abogado de Jayson Pastor, aseguró que la decisión de la jueza Urieta “es ajustada a derecho, ya que la fiscalía no pudo probar la existencia de una lesión” y aseguró que el préstamo cumplió con los trámites necesarios.

Dijo que la fiscalía está en su derecho de apelar, pero que existe una decisión de primera instancia que debe ser considerada por el Segundo Tribunal Superior.

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