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En tiempo récord, magistrado De León admite amparo a NG Power

La Corte ha fallado a favor de NG Power tres amparos de garantías constitucionales, y la ASEP asegura que protege el interés de los consumidores.

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El proyecto de generación eléctrica a gas se desarrollará en el área de Telfers, en la provincia de Colón, con una inversión de $800 millones. El proyecto de generación eléctrica a gas se desarrollará en el área de Telfers, en la provincia de Colón, con una inversión de $800  millones.
El proyecto de generación eléctrica a gas se desarrollará en el área de Telfers, en la provincia de Colón, con una inversión de $800 millones.

Cuatro días le tomó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, admitir un amparo de garantías constitucional presentado por la empresa NG Power.

El recurso fue interpuesto contra la decisión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) de registrar dos enmiendas al contrato para el suministro de energía eléctrica, suscrito por NG Power con la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí.

ASEP y NG Power se enfrentan en la Corte

En cuatro días, el magistrado Hernán De León, en sala unitaria, admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por NG Power contra la decisión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de registrar dos enmiendas al contrato para el suministro de energía eléctrica suscrito con la Compañía de Distribución Eléctrica Metro Oeste y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí.

Tras la admisión del recurso presentado por la firma de abogados Watson y Asociados, el magistrado De León corrió traslado al director de la ASEP, Roberto Meana, quien debe rendir un informe ante De León de todas las actuaciones de la institución en este caso.

NG Power presentó el amparo el 17 de diciembre de 2018 y el magistrado De León lo admitió el 21 de diciembre.

El recurso legal de NG Power sostiene que la negativa “arbitraria” de la ASEP trae como consecuencia que sin el registro de enmienda de los contratos de potencia en firme y de energía asociada se haga inviable la construcción del proyecto de generación eléctrica a base de gas natural, que se desarrolla en la provincia de Colón, con una inversión de $800 millones.

Según NG Power, el proyecto deberá estar concluido en un término de 34 meses, pero la ASEP, al no registrar las enmiendas, pone en peligro el avance de la obra, ya que la empresa china Shangai Electric, que financia la obra, podría suspender los desembolsos y retirar el financiamiento.

A juicio del demandante, la ASEP ha creado exigencias y requisitos inexistentes en la ley, lo que ha dilatado el proceso administrativo para el desarrollo del proyecto.

También señala que la ASEP violó los artículos 17 y 32 de la Constitución, ya que la acción fue expedida por un funcionario que ejerce actos capaces de lesionar derechos individuales y garantías fundamentales que son susceptibles de amparo.

Al aludir a estos artículos, NG Power afirma que la ASEP no atendió el debido proceso al plantear nuevas exigencias para la ejecución de la obra.

Contestación de la ASEP

Tras recibir traslado de la admisión de la demanda presentada por NG Power, el director de la ASEP, Roberto Meana, envió al magistrado Hernán De Léon la contestación de por qué esa entidad no registró las enmiendas.

Explicó que el 26 de octubre de 2018, Compañía de Distribución Eléctrica Metro Oeste y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí le remitieron, para su registro, copias de la adenda No. 2 de los contratos de suministro N20-13 y N21-13, suscritos con NG Power, para el suministro de potencia firme y energía asociada.

Sin embargo, la ASEP como ente regulador solicitó a las empresas información sobre el impacto económico y cómo será el suministro a los clientes, así como duración del contrato de suministro, nivel de contratación de la distribución, efectos en la tarifa de los clientes por posible sobrecontratación, y que explicaran en qué momento se deben hacer nuevas licitaciones si hay subcontratación .

La ASEP concedió un término de 15 días para la presentación de la citada información, por lo que las enmiendas le fueron devueltas a las empresas sin el registro correspondiente, pero en dicha contestación en ningún momento se niega el registro de las enmiendas; solo se requiere información para conocer su alcance final y que no se afecte a los consumidores.

Además, sostiene que el amparo de garantías constitucionales está dirigido contra la nota DSAN-3445-18 de 11 de diciembre de 2018 emitida por la ASEP por considerar que viola los artículos 17 y 32 de la Constitución. Sobre este aspecto, la entidad aduce que está actuando dentro del marco que la ley y la Constitución le asignan en su tarea de regular el mercado eléctrico y proteger a los usuarios del sistema.

Otros amparos

Hasta ahora, NG Power ha presentado cuatro amparos de garantías contra acciones de la ASEP, de los cuales hasta ahora la Corte ha favorecido en tres ocasiones a la empresa eléctrica.

En el último de ellos, la Corte resolvió un incidente de desacato en contra de la ASEP y le reconoció a la empresa 150 días adicionales para entregar el cierre financiero del proyecto de construcción de la planta de generación eléctrica con gas natural licuado en Colón.

Sobre este caso, la Corte ya había ordenado en una sentencia del 20 de diciembre de 2017 cumplir con el plazo de los 150 días para la entrega del cierre financiero, pero la ASEP argumentaba que ya habían transcurrido 85 de los 150 días que se le habían otorgado a NG Power.

La ASEP solicitó a la empresa la entrega del cierre financiero del proyecto, a realizarse en Colón, y determinar si la empresa Shangai Electric cuenta con la solvencia económica suficiente para enfrentarlo.

Entre las peticiones hechas por la ASEP se encuentran la presentación de un certificado original expedido por la autoridad competente de la República Popular China, en el que conste la existencia de la empresa Shangai Electric, así como su representación legal, directores y dignatarios.

Asimismo, sus estados financieros de 2016 y 2017 debidamente auditados por un auditor externo, cuya idoneidad debe ser certificada por las autoridades chinas.

El plazo de entrega de esta información venció el pasado 26 de diciembre de 2018, y la empresa solo ha presentado información parcial.

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