[ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA]

¿Sigue siendo necesaria la ayuda?

En la lucha contra la pobreza, la cooperación internacional actúa como palanca moral y legal en ámbitos como las finanzas, las migraciones y el comercio.

“La ayuda no es la respuesta. Debemos permitir que África comercie para salir de la pobreza”. Para alguien que ha dedicado buena parte de su vida pública al activismo a favor de la ayuda al desarrollo, esta frase del músico Bob Geldof resulta llamativa. Y, sin embargo, el tiempo parece darle la razón.

Cuando solo han pasado ocho años desde la cumbre del G8 en Gleaneagles, en la que la movilización internacional arrancó compromisos extraordinarios de los donantes por valor de $50 mil millones, la “industria” de la cooperación se enfrenta a una crisis paradójica: tras haber cerrado en 2012 el tercer mejor año de su historia, el peso de la ayuda en la financiación del desarrollo es menos relevante que nunca.

De acuerdo con el think-tank británico Development Initiatives, la ayuda internacional solo sigue siendo esencial (más del 60% del gasto público) en 43 de los países más pobres, en los que la inversión del Estado sigue estando por debajo de los 500 dólares anuales per cápita. En 1990, el número de países dependientes de la ayuda era más del doble y las contribuciones domésticas suponen ya 94 de cada 100 dólares gastados en un sector clave como el de la salud.

Las implicaciones de esta evolución histórica son considerables: por un lado, traslada la carga de la responsabilidad de su propio desarrollo a unos países que crecen de manera sostenida y cuyo margen de maniobra fiscal es cada vez más amplio. Por otro, estos números permiten aventurar un futuro en el que las estrategias contra la pobreza estén menos condicionadas por la ubicua presencia de los donantes, cuyas prioridades no siempre han respondido al mejor interés de las sociedades receptoras.

¿Significa esto que la ayuda al desarrollo ya no es necesaria para poner fin a la pobreza? Todo lo contrario. En primer lugar, necesitamos mucho más de lo que está disponible. Incluso considerando las aportaciones de los propios países afectados, el hecho es que la financiación del desarrollo está muy por debajo de lo que exige el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Un reciente estudio estima que el déficit financiero total en cinco áreas claves del futuro del desarrollo rondaría los $186 mil millones anuales, y entre 400 mil millones y 900 mil millones añadidos si consideramos el conjunto de los gastos relacionados con la mitigación del cambio climático.

En segundo lugar, la ayuda permite estimular otras fuentes de financiación que deberían acabar por hacerla innecesaria. En América Latina, por ejemplo, la Cooperación Española contribuye con su asesoramiento técnico a consolidar sistemas fiscales más justos y eficaces. Oxfam ha calculado en $269 mil millones (el doble de la ayuda en 2012) el potencial de realizar en 52 países en desarrollo una reforma fiscal que incremente la carga tributaria y mejore la progresividad de los impuestos. La ayuda actúa como una palanca moral y legal en ámbitos como las finanzas, las migraciones y el comercio internacional, mucho más relevantes para el desarrollo y en donde los principios de solidaridad y responsabilidad que inspiran la cooperación pueden tener una influencia definitiva.

A medida que se aproxima la fecha de caducidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el mundo se plantea una nueva estrategia contra la pobreza, conviene no perder de vista que la ayuda constituye uno de los escasos mecanismos tangibles de redistribución global del ingreso. Los mismos argumentos que sostuvieron la construcción de los sistemas fiscales modernos –la justicia y la responsabilidad frente a otros, pero también el interés común y la seguridad– son aplicables hoy a un planeta en el que el destino de unos está imbricado al de los demás. Comprender esto y actuar en consecuencia constituirá una de las claves del liderazgo internacional en el siglo XXI.

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