[JUSTICIA ESPAÑOLA]

Una democracia disminuida

No puede haber prevaricación del juez Garzón cuando las leyes de amnistía para crímenes de la dictadura franquista contravienen el derecho internacional.

Implacables, siete magistrados del Tribunal Supremo de España juzgan al juez Baltasar Garzón por investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. La defensa de Garzón y la Fiscalía solicitan la anulación del juicio. Pero el juicio continúa.

Es el segundo asalto contra ese juez. El primero fue cuando unos (presuntos) corruptos que han robado a espuertas dinero de todos, han logrado sentar en el banquillo para inhabilitarlo, para echarlo de la carrera judicial, a quien los procesaba. Es el caso Gürtel de España; una increíble trama de corrupción multimillonaria ligada a algunos dirigentes del Partido Popular. ¿Pretexto para juzgar a Garzón? Unas escuchas de conversaciones entre procesados y sus abogados autorizadas por el juez instructor, solicitadas por la policía, avaladas por el fiscal y prorrogadas por el juez que continuó la instrucción al llegar el caso a un tribunal superior. Pero Garzón solo es acusado de prevaricación y juzgado. Sorprendente. Aparte de que antes se han autorizado escuchas similares y nunca juez alguno ha sido acusado. Si es el caso, se declaran nulas como pruebas las conversaciones y se acabó.

El segundo juicio es por investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad del franquismo. El Tribunal Supremo aceptó la acusación de prevaricación contra Garzón, presentada por dos asociaciones franquistas: Manos Limpias (¡qué feroz burla!) y Libertad e Identidad. La defensa ha pedido la anulación de la causa, porque el instructor de la misma, un tal Varela, corrigió y arregló el escrito de acusación para que pudiera ser admitido. Increíble.

El pretendido fundamento de tal querella es la ley española de Amnistía de 1977 que –dicen– prohíbe investigar crímenes de la dictadura franquista. Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, ha declarado que esa ley no impide la investigación de crímenes de guerra, pero, aunque lo prohibiera, España ha firmado y ratificado tratados internacionales que la obligan a investigar esos graves delitos por encima de sus leyes nacionales.

El fiscal no apoya la acusación y pide la absolución de Garzón porque no prevaricó. Ha declarado que en tres décadas de carrera no ha visto nada como la insólita e insostenible actuación del juez instructor Varela.

Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional se han pronunciado contra ese juicio y a favor del juez Garzón. Amnistía Internacional ha recordado que los crímenes de guerra y de lesa humanidad (como tortura y desaparición forzada) no prescriben jamás ni pueden ser nunca objeto de amnistía.

En España, según Amnistía Internacional y otros, que han investigado los crímenes perpetrados durante la guerra civil española y los primeros años de la dictadura franquista, cabe contabilizar más de 143 mil desaparecidos. En Argentina y Chile, que horrorizaron por sus desaparecidos durante sus dictaduras militares, hubo unos 3 mil 500 ejecutados y desaparecidos en Chile, y 30 mil en Argentina. La cantidad de desaparecidos en España convierte la investigación de los crímenes del franquismo en una cuestión esencial para la democracia española.

Además de las lúcidas exigencias planteadas por el movimiento 15M en sus denuncias de la perversión y descomposición de la democracia, sometidos los gobiernos al poder financiero, en España hay que añadir como reivindicación imprescindible erradicar los últimos restos de franquismo. O no habrá democracia de verdad.

Como escribe Vicenç Navarro, “no hay mejor indicador de la escasa calidad de la democracia española que los juicios a Garzón”. Democracia disminuida por ser fruto de una transición con plomo en el ala. Como insiste Navarro, “la transición española fue un proceso dominado por las fuerzas conservadoras y los aparatos del franquismo, enquistados en el Estado español”.

Se pasó de la dictadura a una monarquía democrática en un marco de leyes franquistas sin la menor ruptura, mientras magistrados, muchos políticos, mandos policiales y jefes militares durante la dictadura conservaban puestos y prebendas y proseguían sus carreras transmutados a demócratas de toda la vida.

De modélica la transición española, nada.

Quizás la aspiración a un cambio de verdad despertado por los indignados del 15M sea el acicate necesario para la ruptura con el franquismo que nunca se hizo del todo. Porque no perdamos de vista que la Transición fue sobre todo mantener por todos los medios el orden social dominado por la minoría rica y privilegiada; es decir, el capitalismo de siempre.

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