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El drama de los refugiados

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El drama de los refugiados

Hoy que el aumento de la violencia en países subdesarrollados obliga a más personas a buscar refugio, los países estables deben otorgarlo con generosidad y sentido humanitario.

Con la esperanza de obtener asilo, unos 200 refugiados centroamericanos (en su mayoría hondureños) que salieron de sus países a principios de año en una caravana de mil personas, finalmente cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.

La probabilidad de que logren su objetivo es mínima. Entre 2012 y 2017, más del 75% de los casos de asilo de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala que fueron presentados ante las cortes migratorias estadounidenses fueron rechazados.

Esta no es la primera caravana de migrantes que se arriesga a cruzar México para llegar a Estados Unidos. Sí es, sin embargo, la que mayor publicidad ha generado en las últimas décadas porque los organizadores decidieron darle visibilidad a la precaria situación que se vive en esos países centroamericanos.

Otro factor que contribuyó a su notoriedad fue el oportunismo político del presidente Donald Trump, quien aprovechó la ocasión para exhortar a sus seguidores a presionar al Congreso para que le dé el dinero que necesita para construir su muro en la frontera y para volver a amenazar al Gobierno mexicano con represalias por permitir el flujo de migrantes.

Para su desgracia, la diezmada caravana llegó a San Diego en un momento poco propicio, si es que alguna vez hubo una oportunidad mejor para los solicitantes de asilo latinoamericanos.

Su arribo a la frontera coincidió con la cancelación de programas que otorgaban Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos a personas afectadas por fenómenos naturales como terremotos o huracanes en sus países de origen. Algunos de estos programas se iniciaron en la década de los 90 y permitieron a casi medio millón de personas reconstruir sus vidas, formar una familia y trabajar legalmente en el país.

En el caso concreto de Honduras, apenas la semana pasada se anunció el término del programa que beneficiaba a los 86 mil ciudadanos de ese país que se habían acogido al TPS. A principios de año se canceló la protección a más de 200 mil salvadoreños. Unos meses antes, 45 mil haitianos y 2 mil 500 nicaragüenses recibieron la noticia de que no podían permanecer en el país legalmente.

El gobierno aduce que el permiso que se les otorgó era temporal y que las condiciones de vida en esos países han mejorado lo suficiente como para vivir en paz. ¿Cree usted eso? Honduras y El Salvador son dos de los países con mayores índices de criminalidad en el mundo. Y la brutal represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua contradice en los hechos las alucinantes declaraciones del Departamento de Justicia estadounidense.

El problema de fondo, sin embargo, es que la política migratoria y el sistema de asilo de la nación son obsoletos, arbitrarios y en muchos casos inhumanos.

El primer paso que deben dar los solicitantes de asilo, al igual que los afectados por la terminación del TPS para permanecer en su país adoptivo, es convencer a un juez de inmigración que su vida y la de sus familiares peligraría si tuviesen que regresar a sus países de origen. Una tarea sumamente incierta porque dependen del criterio del juez que les toque, y la disparidad de criterios de dichos jueces es asombrosa.

Considere, por ejemplo, que de los 34 jueces de inmigración que hoy están en funciones en Los Ángeles, dos de ellos otorgaron menos del 3% de los cientos de solicitudes de asilo, mientras que otro juez falló favorablemente en el 71% de los casos que oyó.

El segundo escollo para quienes buscan refugio es que la tipificación de las causas que ameritan su otorgamiento son incompletas y confusas. El protocolo de Naciones Unidas vigente en la mayoría de los países señala que una persona perseguida por su raza, credo, nacionalidad, membresía en un grupo particular u opinión política, amerita el otorgamiento del asilo. Pero en este listado no se incluyen cuestiones como la violencia doméstica o la criminalidad rampante en el país expulsor.

En esta época en la que la violencia en cualquiera de sus formas va en aumento, obligando a las personas a buscar un refugio, es imprescindible que las autoridades migratorias de los países ricos y estables reconozcan el drama humano por el que transitan quienes tienen que abandonar sus raíces porque tienen un temor fundado de que su vida está en riesgo.

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